Trabajo sobre publicidad

La publicidad no será publicitada

Señora de ojos vendados

que estás en los tribunales

sin ver a los abogados,

baja de tus pedestales.

Quítate la venda y mira

cuánta mentira…[1]

¿De dónde surge la reticencia a efectivización de la publicidad en el proceso penal? ¿Proviene acaso de firmes convicciones normativas y legales respecto a su inconveniencia? ¿O acaso bajo el manto de teoría “objetivamente” estudiada se vislumbran intereses político-económicos siempre silenciados?

En primer lugar, cabe responder negativamente al segundo interrogante. De modo alguno puede interpretarse legalmente que los juicios deben hacerse sin publicidad (que trae aparejada consigo una necesaria oralidad). Porque de la propia Constitución Nacional emana la obligatoriedad de la publicidad en el proceso penal como regla, y la excepción es lo contrario; precisamente señala Maier que “para la Constitución la construcción de la verdad procesal, fundante de la sentencia, debe ser un debate público entre los representantes de los intereses en pugna, con sus distintos puntos de vista acerca de la verdad; esa verdad no podría provenir, en cambio, de una inquisición o encuesta estatal”[2].

Entonces, si es legalmente evidente e indiscutible que la publicidad debe ser rectora del proceso penal, ¿por qué se desarrolla sesgadamente? Si publicidad implica oralidad, oralidad implica juicio por jurados. Y la falta de desarrollo de estos últimos condiciona la debida implementación de la garantía en análisis.

No queda más que adentrarse entonces en los motivos verdaderos de la negativa al avance de procesos judiciales abiertos a la comunidad. Y pueden rastrearse las razones en una neta cuestión política y de poder. Porque, para empezar, cabe dejar sentado que toda Constitución es política, que toda ley es política y que todo juez es político. Debería la ley cumplir con la Constitución y deberían los jueces aplicar la ley acorde a ella, sí. Pero los intereses político-económico-corporativos tuercen la cadena lógica del sistema jurídico: y los juicios no son por jurado, y los juicios no son completamente orales, y los juicios no son enteramente públicos. ¿Esto es legal? Por supuesto que no. Porque no debería un sistema, por cuales fueran los intereses de sus operadores, anular en la práctica el fondo constitucional. Pero la realidad, sin embargo, señala que se puede, disfrazando la ilegalidad por ejemplo como “defensa de las instituciones de la República” contra los “autoritarismos populistas”.

Ahora bien, ¿cuál es el interés en no cumplir con estas garantías que pretenden sostener una democracia republicana en la que el Pueblo conoce y participa de la Justicia? Del propio sentido de la garantía se deriva el interés en su enunciación teórica pero al mismo tiempo en su no aplicación fáctica: la publicidad empodera al Pueblo, impide que la “verdad” se imponga creada “entre gatos y media noches”, y de la mano de la oralidad y los juicios por jurados, necesarios para la efectiva concreción fáctica de la publicidad, amplía ·la participación popular- de quienes [son] reconocidos como sujetos de derechos políticos- en el ámbito de la administración de justicia, por integrar los tribunales de justicia con ciudadanos que no pertenecían al aparato burocrático del poder político y por hacer posible, diáfanamente, la asistencia del público a los debates y, de esta manera, permitir el control popular del juzgamiento”[3]. Y esta ampliación de participación implica mayor democracia, mayor poder popular y, por ende, menor poder a grupos corporativos asociados con intereses político-económicos relacionados con el sostenimiento de privilegios de procedencia monárquica en los operadores judiciales, que a su vez conforman la maquinaria de sostenimiento de un sistema capitalista-financiero de exclusión y oscurantismo.

¿Quiénes son estos “enemigos” de la tríada indivisible de publicidad-oralidad-jurados? Los hay en el ámbito de la política “pura y dura”, los hay en el ámbito de la economía, y los hay y muy en boga hoy en día, en el mismísimo poder judicial, así como en los medios de comunicación hegemónicos.

A los ojos de cualquiera, conociendo que la ley exige publicidad, resultaría completamente ilógico que un juez planteara lo contrario, y no quisiera dejar entrar a la prensa, por ejemplo, en casos de lesa humanidad, que tan importantes son para el conjunto social, nuestra historia como Pueblo y país, y la educación  y conocimiento del soberano para garantizar el “nunca más”, ni hablar de permitir un juicio por jurados[4]. Pero sin embargo, los propios jueces se pronuncian en contra de la garantía de publicidad, sino en sus palabras, ciertamente en sus acciones. Este “tremendo temor a la publicidad y en particular a la televisión”[5] por parte de los jueces, no es un capricho.  Si se rastrea un poco quiénes son esos jueces que se oponen, encontramos resabios de “familia judicial”, encontramos aquellos que justificaron dictaduras y encubrieron desapariciones y asesinatos, encontramos parte de ese aparato de terror y represión estatal que aún  no ha sido desmantelado, encontramos conexiones con “los servicios”, con embajadas extranjeras de lamentable papel en nuestro país, y con miembros de la “oligarquía”, con aquellos que no quieren “rojos” ni “cabecitas negras”, con aquellos que defendieron y defienden la “tradición, familia y propiedad” a costa de vidas, a costa del propio país. Y los encontramos de la mano de los grupos concentrados de medios de comunicación que tampoco, por contradictorio que suene, pugnan por la publicidad de los procesos penales. Porque para esos que divulgaron dictaduras vendiéndolas como revoluciones libertadoras que llegaban a reorganizar el país, porque para aquellos que hoy divulgan genocidios vendiéndolos como culpa de la víctima, para aquellos que divulgan guerras como medios para la paz, porque para aquellos que golpean económicamente gobiernos sin importar que así golpean al Pueblo, de nada sirve realmente la publicidad garantizada por la Constitución. 

La publicidad, para quienes sólo hablan de democracia pero no la practican, es un enemigo claro. Porque la publicidad permite que la verdad surja del conjunto y no de unos pocos. Porque la publicidad permite diferenciar entre una noticia y una mentira difundida como tal. Porque la publicidad implica que el poder judicial sea controlado. Porque la publicidad empodera al Pueblo en detrimento de intereses individuales. Porque la publicidad, tanto con el ingreso de medios de comunicación como con los juicios por jurados, todo de la mano de la oralidad, otorga legitimidad a la justicia que de otro modo resulta “el más oscuro de los poderes”[6].

La discusión respecto a la publicidad se encuentra, le duela a quien le duela, políticamente condicionada: o se defienden los intereses del “partido judicial” y de los medios hegemónicos de la “no noticia”, oscurantistas y contrarios en sus planteos a la garantía receptada por la constitución; o se lucha por la democratización de los medios de comunicación y de la justicia, para que la publicidad sea efectiva y no una mera enunciación formal tambaleante y destartalada en la práctica. Hacer efectiva y real la garantía de publicidad implica también inclusión social porque brinda mayor participación ciudadana y, por lo tanto, más calidad democrática, implica la búsqueda de una verdad construida y no de la absoluta impuesta inquisitorialmente por unos pocos, implica control al poder judicial, e implica lisa y llanamente dar cumplimiento a la Constitución, tarea que nos corresponde. Si no gusta esta garantía, si no gusta una ley de medios democrática, si no gusta la oralidad, si no gusta el juicio por jurados, tendrán aquellos que esto piensan lograr las mayorías democráticas necesarias para modificar la Constitución. Mientras nos rija esta Carta Magna, mientras se nos apliquen estos tratados internacionales que ratificamos, hay que darles cumplimiento, y aquel funcionario que no quiere cumplir, deberá entonces renunciar o ser sometido a juicio político[7]. Porque la Constitución hay que cumplirla. Porque no cumplirla implicó toda clase de atrocidades en cada proceso dictatorial y en cada período de democracias meramente formales de las que debemos aprender para nunca más retornar. Y la única forma de cumplirla es luchando para garantizar que la democracia sea una democracia plena y que entonces la justicia sea una Justicia Legítima.

Ezequiel Dopazo

Victoria Hernandez Lehmann

María Eugenia Cassani

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[1] Oración a la Justicia, de María Elena Walsh, https://www.youtube.com/watch?v=yuF6IlGY9tc.

[2] Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I – Fundamentos, Publicidad y oralidad del juicio penal, p. 654, editores Del Puerto, 2^da ed. 3^ra reimp., 2004.

[3] Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I – Fundamentos, Publicidad y oralidad del juicio penal, p. 661, editores Del Puerto, 2^da ed. 3^ra reimp., 2004.

[4] El juez Guillermo Gordo, integrante del TOF 5 en 2009, partidario de la prohibición del ingreso de medios de comunicación en juicio de lesa humanidad: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-135300-2009-11-15.html, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-119817-2009-02-11.html.

[5] Palabras de Bovino en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-113036-2008-10-09.html.  

[6] Palabras de Bovino en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-113036-2008-10-09.html.  

[7] Cfr. palabras de Iñaki Anitua en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-113036-2008-10-09.html.